El pasado mes de Febrero el Consejo de Ministros anunció su intención de aprobar un ‘decreto de flexibilización‘ del sistema universitario español. Actualmente, las carreras o grados en las universidades españolas duran cuatro años, y los másteres posteriores uno (4+1). El nuevo proyecto, que generó instantáneamente a su anunciación quejas por parte de casi toda la comunidad educativa, supone abrir la posibilidad de que los campus establezcan de forma voluntaria carreras de tres años y másteres de dos (3+2).
En respuesta a este anuncio de decreto, el ‘Sindicato de Estudiantes’ convocó una huelga universitaria para los días 25 y 26 del pasado mes de Febrero.
Dividiendo por partes el debate del 3+2, habría que analizar dos aspectos. Por un lado, los efectos de cambiar la longitud o estructura de las carreras universitarias y, por otro lado, los mecanismos de ayuda que existen actualmente dirigido a los estudiantes, es decir, la financiación de la educación superior.
La primera perspectiva es la de la longitud o estructura de la carrera. Una carrera más larga significa, desde el punto de vista económico, una inversión más seria que puede ocasionar una incertidumbre mayor para el estudiante. Por lo tanto, alargar las carreras en exceso perjudicaría a los estudiantes que procedan de las clases más populares y con menos recursos del país porque tendrán más dificultades de acceder y cursar una carrera, siempre que no tengamos en cuenta los mecanismos de financiación procedentes del Estado.
La segunda (y más importante) perspectiva es la financiación de dichas carreras. De hecho, el principal argumento en contra del ‘decreto del 3+2’ es que aumentará el coste de los 5 años de educación superior para los estudiantes en comparación con el anterior sistema de ‘4 + 1’. Principalmente porque los másteres son más caros que los grados.
Por lo tanto, el problema de este decretazo que – una vez más – se ha propuesto sin consultar a la comunidad educativa no es tanto los efectos negativos de la longitud de las carreras sino del sistema de financiación español en la educación.
Según la OCDE nuestro sistema de apoyo a los estudiantes es bastante débil. El nivel de tasas (principalmente el coste de la matrícula) es medio y está en aumento. Además, el porcentaje medio de alumnos que recibe ayudas públicas es bajo
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